En América Latina, los discursos antidemocráticos crecen mientras las instituciones se perciben cada vez más lejanas por una ciudadanía que se repliega, agotada por la distancia entre el poder y la vida cotidiana. Pero en medio de esa erosión de confianza también emerge una oportunidad: reconstruir el vínculo con el Estado como un espacio compartido, transparente, participativo y cercano. Recuperar esa conexión puede ser el punto de partida para restaurar la legitimidad democrática y fortalecer lo colectivo.

La reciente Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), celebrada en Vitoria-Gasteiz, España, del 7 al 10 de octubre de 2025, reunió a gobiernos, academia y organizaciones sociales de todo el mundo para discutir cómo revitalizar a los Estados. La pregunta clave es: ¿qué significa este debate global para los países latinoamericanos donde la confianza institucional está en su punto más bajo?

Por Luciana Modica

Directora y Fundadora de LIAP | Politóloga | Instagram: @modicaluciana |

La desconfianza que erosiona a las democracias

¿Qué pasa cuando la ciudadanía deja de confiar en quienes gobiernan?

La respuesta es moneda corriente en estos días: polarización, apatía, aumento de la corrupción y el avance de actores antidemocráticos al poder. 

En América Latina se han multiplicado los discursos antidemocráticos, la sensación de riesgo permanente frente a la fragilidad de las instituciones es cada vez más evidente y, lo más grave, ha crecido el descreimiento en la propia democracia como sistema capaz de dar respuestas. 

Los datos son contundentes. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, América Latina tiene una puntuación promedio de 42 sobre 100, por debajo del ya bajo promedio global de 43. Si bien algunos países como Uruguay alcanza 76 puntos y es ejemplo de buenas prácticas, también países como Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) muestran la otra cara: corrupción endémica, impunidad y Estados debilitados.

Estos números no son solo estadísticas, sino que reflejan la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos y ciudadanas que sienten que las instituciones no los representan ni los protegen. Y cuando las instituciones pierden legitimidad, los espacios se llenan de criminalidad organizada, populismo autoritario y discursos que ponen en jaque los derechos democráticos.

Frente a esta crisis de confianza, los Estados enfrentan una pregunta urgente: ¿cómo recuperar el vínculo con la ciudadanía? La salida no pasa, en mi opinión, por más polarización, sino por trabajar activamente por Estados realmente abiertos, basados en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

La OGP como plataforma de cambio

Una de las respuestas más sólidas surge de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), que desde hace más de una década impulsa la transparencia y la participación ciudadana en todo el mundo.En la reciente Cumbre OGP 2025, celebrada en Vitoria-Gasteiz, España, más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones sociales y expertos internacionales coincidieron en un punto clave: abrir el Estado no es digitalizarlo, sino democratizarlo.

La apertura, entendida como un cambio cultural profundo, exige más que “modernización tecnológica” con digitalización de trámites en línea, chatbots o expedientes electrónicos. Supone voluntad política, información clara, instituciones que rindan cuentas y una ciudadanía que pueda decidir y controlar,y burocracias profesionales capaces de tomar decisiones basadas en evidencia. No sirve de nada maquillar procesos con apps o plataformas digitales si detrás no hay voluntad de abrir el poder a la gente.

En un contexto donde la confianza institucional en América Latina está en su punto más bajo, la OGP representa una plataforma para reimaginar la relación entre gobierno y ciudadanía, compartir aprendizajes regionales y recuperar la legitimidad democrática desde la cooperación y la ciencia.

La apertura como respuesta efectiva

Abrir el Estado significa hacerlo más cercano, claro y útil. Esto incluye:

• Agilidad: facilitar trámites básicos, como obtener un documento de identidad o una licencia de conducir mediante procesos digitales, rápidos y accesibles para toda la ciudadanía.
  
• Transparencia: garantizar que las compras públicas sean visibles y que existan portales abiertos de presupuesto y gasto, fáciles de entender, para que cualquier persona sepa cómo se usan los recursos colectivos.
  
• Participación ciudadana: permitir que la ciudadanía decida y opine en las políticas públicas. Un ejemplo es el Presupuesto Participativo de Porto Alegre, Brasil, donde las y los vecinos asignan directamente los recursos, logrando más equidad. En la Ciudad de México, este modelo fortaleció la confianza al dar voz a las comunidades en proyectos de infraestructura y servicios locales.
  
• Innovación: usar nuevas tecnologías para resolver problemas cotidianos, como chatbots que permitan reportar baches, cortes de luz o pedidos de poda de árboles, y que al mismo tiempo acerquen a la gente con sus gobiernos de forma directa y rápida.

En otras palabras, abrir el Estado es pasar de instituciones lentas y lejanas a gobiernos más accesibles, participativos e innovadores, capaces de responder a las necesidades reales de la gente.

¿Cuál es nuestro rol como laboratorio en este debate?

Desde el Laboratorio de Ideas y Análisis Político (LIAP) sostenemos que un Estado abierto es, ante todo, un Estado fuerte. Apostamos por una apertura que no solo reaccione a demandas coyunturales, sino que se convierta en una estrategia de largo plazo para construir democracias resilientes. 

Nuestro trabajo combina investigación, innovación y metodologías de co-creación para que gobiernos y ciudadanía diseñen juntos soluciones a los problemas públicos. En un mundo donde todo ocurre de manera inmediata, donde la tecnología transformó la forma en que nos relacionamos las personas y donde la concentración económica fortalece a gigantes tecnológicos, las burocracias estatales (especialmente en América Latina) siguen funcionando con lógicas propias del siglo pasado.

Creemos que la apertura y la innovación son las dos caras de un mismo desafío: reconstruir la confianza en lo público y garantizar que las políticas sean más inclusivas, sostenibles y democráticas.